Tanto los obispos españoles como diferentes entidades eclesiales consideran que la regularización extraordinaria de migrantes es una medida de responsabilidad política, ética y social. Esta medida es coherente con la acogida, la protección y la dignificación de las personas migrantes que constituyen para la Iglesia una exigencia inherente a su misión.
“La regularización administrativa transforma de manera profunda la vida de las personas migrantes, porque les permite salir de la incertidumbre y la vulnerabilidad asociadas a la irregularidad y acceder plenamente a derechos y oportunidades básicas. Contar con una autorización de residencia y trabajo abre la puerta al empleo formal y digno, a la estabilidad económica y a la posibilidad de planificar un proyecto de vida”, remarcan entidades eclesiales en este comunicado.
