La sociedad civil se esfuerza para que el Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos sea una realidad en esta nueva legislatura
Dani Gómez-Olivé, miembro del Grupo Catalán de Empresa y Derechos Humanos y responsable de Incidencia Política de Lafede.cat – Organizaciones para la Justicia Global.
Bangladesh, 2013. El edificio Rana Plaza, una estructura de ocho pisos, colapsa y mueren 1.134 personas, de las 5.000 que trabajaban. Se calcula que más de 2.500 personas resultan heridas. Este edificio albergaba cinco fábricas de prendas, suministradoras de las principales distribuidoras textiles europeas y americanas, como Benetton, C&A, Carrefour, El Corte Inglés, Inditex, Mango, Primark o Walmart, entre otros. Según los testigos de la época, las trabajadoras tenían miedo a entrar en el edificio y habían denunciado anteriormente los riesgos de derrumbe. De hecho, un día antes de la tragedia el edificio fue evacuado y cerrado por las autoridades. Sin embargo, la mañana del 24 de abril los dueños de las fábricas textiles obligaron a las trabajadoras a entrar. Los bancos y comercios de la planta baja no quisieron abrir por las evidentes afectaciones de la estructura. Las trabajadoras, bajo la amenaza de los dueños, a riesgo de perder el trabajo, acabaron perdiendo sus vidas. Veinte años después las familias de las personas fallecidas y las que resultaron heridas siguen exigiendo responsabilidades.
Desgraciadamente, los hechos del Rana Plaza no son aislados. En todo el planeta podemos encontrar casos de vulneraciones sistemáticas por parte de grandes empresas transnacionales que directa o indirectamente operan impunemente en todo el mundo. Sin embargo, existen 3.400 acuerdos comerciales internacionales que las protegen frente a ningún acuerdo vinculante que las obligue a respetar los derechos humanos. Sin embargo, y gracias a la presión social y a la valentía de algunos gobiernos del Sur Global (como en su momento fueron Ecuador y África del Sur), el 26 de junio de 2014 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución por la que decidió trabajar para crear un instrumento internacional, jurídicamente vinculante, para regular que las empresas transnacionales respeten los derechos humanos. Pasados diez años todavía no se ha llegado a ningún acuerdo por la oposición de los gobiernos del Norte Global, principalmente los de la Unión Europea y Estados Unidos de América, que trabajan abiertamente a favor de los intereses de los capitales transnacionales. Sin embargo, la resolución se mantiene viva con la esperanza de que algún día se dispondrá de un mecanismo internacional desde el que se pueda exigir responsabilidad empresarial y obligar al capital transnacional a cumplir con los derechos humanos.
Y ante esto, ¿qué podemos hacer nosotros desde Cataluña?
Frente a esta realidad, en noviembre de 2014 se creó en nuestro país el grupo catalán de empresa y derechos humanos. Este grupo está formado por más de veinte entidades provenientes de dos plataformas de segundo nivel, Lafede.cat – Organizaciones para la Justicia Global y la Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia. Además, cuenta con el apoyo de expertos de la academia, provenientes de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Girona, la Universidad Rovira i Virgili y la Universidad del País Vasco.
Desde su creación, el grupo catalán trabaja con el objetivo de que las instituciones catalanas creen un centro público, el Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos – CCEDIH. La principal función de este nuevo centro sería garantizar que toda empresa que opera en Cataluña o presta servicios a cualquier administración pública catalana cumpla escrupulosamente con el respeto de los derechos humanos, tanto en el territorio catalán como en el exterior. La propuesta de creación del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos es pionera, a nivel internacional, en la defensa de los derechos humanos frente a los abusos que puedan cometer las empresas. Actualmente, la creación del CCEIDH está apoyada por más de 8.000 organizaciones sociales, sindicatos y cooperativas de todo el país.
La propuesta del grupo catalán es que este Centro tenga la capacidad de recibir quejas y denuncias específicas para que los colectivos del Sur Global directamente afectados por empresas que operan en Cataluña puedan dirigirse a él y poner en marcha un proceso de investigación y diálogo entre las partes. También impulsaría propuestas de regulación y diseño de políticas públicas, por ejemplo, en los procesos de contratación pública. Una de las tareas más importantes sería la investigación y el seguimiento de los casos de vulneración de los derechos humanos, sobre todo en países empobrecidos, en la línea de la investigación y la denuncia que ha realizado el grupo catalán. En efecto, desde el inicio este grupo ha evidenciado casos de vulneración de derechos, que han recogido en la web alertaDH –www.alertadh.org– donde se exponen casos de vulneraciones de derechos como el del Rana Plaza, así como otros que afectan, por ejemplo, al holding de empresas del Grupo ACS (que tiene como principal accionista a Florentino Pérez), que causa impactos negativos en el ámbito ambiental, social y económico en Guatemala, y que tiene complicidades en zonas ocupadas en Palestina, entre otros. Por desgracia, estos casos se repiten a lo largo y ancho del globo terráqueo sin que nadie disponga de los instrumentos para exigir responsabilidades. De este modo, el capital se reproduce impunemente en todas partes, a expensas de vidas humanas, el desmembramiento de las comunidades locales y el disloque del medio ambiente.
¿En qué se ha avanzado para que el Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos sea una realidad?
Después de muchos años haciendo incidencia y sensibilización, tanto en el Parlament como en el propio Gobierno de la Generalitat, el grupo catalán presentó a los diferentes grupos parlamentarios una propuesta de ley de creación y regulación del CCEIDH, que fue registrada en primera instancia en el Parlament en julio de 2020, por una amplia mayoría de partidos. Sin embargo, la disolución del Parlament, en diciembre de ese año, obligó a reanudar el procedimiento en julio de 2021, cuando se registró por segunda vez. Desde entonces el grupo catalán de empresa y derechos humanos ha trabajado junto con los grupos parlamentarios para consensuar un texto entre todas las partes, que cumpla con unos mínimos básicos que permitan que este Centro sea una herramienta útil para lo que se ideó, que no es otra cosa que convertirse en un instrumento de vanguardia en la defensa de los derechos humanos.
Los cinco puntos básicos sobre los que han pivotado los grandes debates son los siguientes: el Centro debe ser independiente de los intereses empresariales; eficaz en la actuación de investigación y seguimiento de los casos; accesible a las comunidades afectadas, especialmente del Sur Global; comprometido con la Justicia Global; y valiente para hacer frente a la impunidad corporativa en relación con el cumplimiento de los derechos humanos.
En efecto, el grupo catalán defiende que es indispensable que se garantice la total independencia del órgano de gobierno del Centro; es decir, que esté libre de todo tipo de conflicto de intereses. Por eso es necesario que la junta esté formada por expertos en la materia, sin vínculos empresariales, a fin de que puedan actuar con total libertad de acción y plena autonomía. Esta junta tendrá que rendir cuentas a la sociedad civil, al Parlament y al Gobierno de Cataluña dado que funcionará como centro público gestionado con recursos de nuestros impuestos. En segundo lugar, es necesario que garantice en todo momento a las potenciales comunidades afectadas por la acción de las empresas que operan en Cataluña el acceso a presentar sus quejas, de forma diligente y con plena seguridad en todo el proceso de investigación del caso. En tercer lugar, el centro debe disponer de las herramientas necesarias para velar que las empresas sujetas a su actuación respeten los derechos humanos y ambientales en el mundo. Por este motivo, es necesario que toda la acción se base en la transparencia y, en consecuencia, publique los informes en la web institucional cuando detecte una vulneración de derechos humanos. En cuarto lugar, debe disponer de recursos suficientes para dar respuesta a las partes afectadas, y debe poder actuar tanto a petición de las comunidades por iniciativa propia, cuando sea conocedor de una eventual vulneración de derechos por parte de empresas que operan en Cataluña. Por ello, es necesario que sea eficaz en la prevención, alerta, investigación y seguimiento de los casos. Al mismo tiempo, es importante que pueda sancionar a aquellas empresas que se nieguen a colaborar. Finalmente, y no menos importante, es necesario un Centro comprometido con el paradigma de la Justicia Global, que defienda la promoción de los derechos humanos y el fomento de la paz en todo el planeta. Por eso, tiene todo el sentido de que el Centro esté adscrito al Departamento de Acción Exterior de la Generalitat, que tiene el mandato de garantizar la coherencia de políticas del Gobierno en el exterior de nuestras fronteras.
Mientras hay vida, hay esperanza
Hasta la fecha se ha llegado a amplios consensos entre la sociedad civil organizada y los distintos grupos parlamentarios que hacen ser optimistas en la creación del centro. De hecho, si no hubiera sido por la inesperada convocatoria de elecciones en marzo de este año, con la consiguiente disolución del Parlament, seguramente en estos momentos se podría decir que el centro ya es una realidad. Actualmente, existen y se mantienen vivos los consensos políticos entre los principales grupos del Parlament de Cataluña para aprobar la ley de creación del CCEIDH en la actual legislatura. Sólo es una cuestión de voluntad política y de no rehuir responsabilidades que nos corresponden, como ciudadanía comprometida y solidaria con las causas que empobrecen y explotan, todavía a las comunidades del Sur Global. Hagámonos corresponsables para evitar que nunca más sea posible un nuevo Rana Plaza.
Destacados
Hay 3.400 acuerdos comerciales internacionales que protegen a las grandes empresas transnacionales frente a ningún acuerdo vinculante que les obligue a respetar los derechos humanos
La principal función del Centro sería garantizar que toda empresa que opera en Cataluña cumpla escrupulosamente con el respeto de los derechos humanos, tanto en el territorio catalán como en el exterior
Hasta la fecha se ha llegado a amplios consensos entre la sociedad civil organizada y los distintos grupos parlamentarios que hacen ser optimistas en la creación del centro
