“La defensa de la tierra, el techo y el trabajo que han hecho el papa Francisco y el papa León XIV como jóvenes obreros y cristianos nos interpela porque son derechos básicos que tienen que ser garantizados para poder vivir dignamente”, ha expresado Aina Argueta, presidenta de la JOC Nacional de Cataluña y las Islas, en una entrevista que hoy le han hecho en el programa Sense distància, de Ràdio Estel. Recordamos que la JOC se ha adherido a la huelga general del 11-N después de haberlo aprobado por unanimidad en su Asamblea Nacional. Igualmente lo ha hecho ACO y el conjunto de la Pastoral Obrera, con otros movimientos de Iglesia, y lo han concretado en un manifiesto donde se explican las razones.
“Nuestra fe está encarnada en la realidad social, no podemos ser cristianos sin ver qué hay a nuestro alrededor y también nos afecta a nosotros, somos jóvenes obreros precarios la mayoría. Este llamamiento que hacen los papas lo sentimos como un abrazo, nos confirma que estamos luchando por lo que creemos que es justo y sentimos que la Iglesia está de nuestro lado”, ha continuado la militante.
En la entrevista también ha participado Enric Aragonès, portavoz del Sindicato de Inquilinas, que ha insistido en la idea que “hace falta una transformación radical del modelo encaminada a garantizar el derecho a la vivienda, con regulaciones de alquiler que bajen los precios, la renovación automática de contratos para garantizar estabilidad, acabar con la especulación y recuperar pisos que sirven para otras cosas, garantizar salarios, pensiones y servicios públicos dignos, que se reconozcan los derechos colectivos de los inquilinos y un gran parque de vivienda pública financiada con un impuesto a la riqueza. Igual que tenemos la sanidad y la educación públicas, la vivienda que hemos dejado en manos del mercado está abierta a un campo de abusos”.
El activista ha lamentado que “el beneficio económico de una minoría pase por delante de la garantía de un derecho que necesita todo el mundo”. Y ha ironizado que la vivienda sí que está regulada “pero a favor de garantizar el negocio. Se destinan centenares de miles de euros públicos a desahuciar a gente de su casa para que el propietario haga más negocio para hacer un alquiler de temporada o un coliving. O vemos los beneficios fiscales de los que tienen más pisos con las socimis que no pagan impuestos”.
Aragonès ha explicado que llegó al Sindicato de Inquilinas en el 2019 porque querían subirle el alquiler. En las asambleas vio casos mucho más graves que el suyo con personas que habían sido desahuciadas, pero siempre había el mismo conflicto: “unos acumulan un montón para vivir de rentas y otras no pueden vivir”. Para superar esta “relación desigual entre arrendador e inquilino y la destrucción de la vida comunitaria por la constante movilidad motivada por la vulneración del derecho a la vivienda es necesario que haya una organización detrás como el Sindicato de Inquilinas, que es una comunidad de apoyo mutuo, al igual que lo son los movimientos cristianos obreros”.
El activista ha recordado que en los años 30 ya hubo la Unión de Inquilinos de Cataluña. El sentido del Sindicato es que “negociar solo es estar indefenso porque te imponen las condiciones. Tiene que haber, igual que en el trabajo, una negociación colectiva que ponga un alquiler máximo, unas condiciones del contrato…”. Aragonès también ha defendido la huelga general, admitiendo que “supone que te restan una parte del sueldo y dedicarse a la organización, pero a mucho más estamos renunciando si nos conformamos a seguir con esta situación: que siga subiendo la cesta de la compra, que tengamos que destinar la mitad del sueldo al alquiler. Como tantos derechos que hemos conquistado luchando, merece la pena este esfuerzo”.
